Infraestructura con orientación social

Carlos Cruz

Las manifestaciones de los últimos días no pueden ser vistas sólo como la expresión de grupos violentistas que, sin otro propósito que destruir, emergieron para generar caos y facilitar las acciones de vandalismo que los reflejan. Las miles de personas que golpearon cacerolas en diferentes partes del país, en muchos casos desafiando toques de queda, claramente no comulgan con expresiones violentas que derivan en el vandalismo, y sus demandas deben ser debidamente comprendidas para ver de qué forma se recupera el sentido estratégico que Chile requiere para seguir en su proceso de desarrollo.

Es evidente que quienes reclamaron pacíficamente no respaldan el deterioro causado a bienes públicos tan valorados como el Metro y otras formas de transporte público. Sus manifestaciones de descontento tienen más que ver con las carencias de esos bienes públicos de calidad y la necesidad de que se asegure la integración de todos al funcionamiento de las ciudades, al acceso a servicios de salud, educación y otros, sin discriminar respecto del lugar en que estos se presten. Tienen que ver también con el costo de otros servicios que periódicamente se reajustan, muchas veces sin razones fácilmente comprensibles.

Todos estos servicios, profundamente democráticos, se apoyan en una infraestructura que facilita los desplazamientos, mejora la calidad de vida y permite la prestación de servicios de una calidad similar a todos quienes tengan acceso. En ese sentido, el esfuerzo de los últimos años por dotar a las ciudades de hospitales de calidad, de servicios de transporte urbano de nueva generación, de transporte guiado tipo Metro y áreas verdes en diversas localidades del país, es una expresión de esta visión transformadora con que cumple la infraestructura. Por ello, tal vez sea un buen momento para analizar con mayor tranquilidad la visión estratégica que debe guiar la provisión de infraestructura, con una orientación social y muy centrada en la calidad de vida de los habitantes del país.

Instalar esta visión y continuar con el diseño de propuestas en este sentido es lo que nos ha motivado como CPI desde nuestros inicios, en el entendido de que estos esfuerzos de inversión sólo pueden madurar en el largo plazo, y para trabajar con esa perspectiva es fundamental articular visiones transversales desde la política. Si asumimos que la esencia de la democracia es la posibilidad de alternancia en el gobierno, políticas públicas que se ejecutan con un horizonte de largo plazo sólo son posibles si quienes gobiernan coinciden, en alguna medida, en las opciones que se escojan para dotar al país de la infraestructura que se requiere para su desarrollo.

Esa perspectiva larga sólo se puede construir si hay cierta seguridad de orden público, que no cuestione las bases institucionales sobre las que opera el sistema. Así, recuperar el orden público alterado durante los últimos días es fundamental, pero ello sólo tendrá una debida acogida si en esa convocatoria se incluye un planteamiento acerca de cómo resolver las demandas por mayor equidad que se expresaron en los caceroleos que se multiplicaron por el país.

Un orden público estable es fundamental para proyectar al país en el largo plazo, tal como esos proyectos deben concitar el mayor acuerdo posible entre todos los sectores que integran nuestra comunidad.